Comisión Nacional de Derechos Humanos admite queja contra autoridades panameñas por afectar a inversionista mexicano

PANAMÁ.- Por atentar contra los derechos humanos de un empresario mexicano fueron denunciadas diversas autoridades mexicanas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, indebidamente han compartido información imprecisa que la Fiscalía de Panamá manipuló afectando así, al empresario en cuestión, quien ha invertido en Panamá de manera transparente.

“Además, por las evidentes violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, es muy claro que los fiscales en Panamá han quebrantando las leyes de su país, y todo se ha desarrollado en un clima de corrupción, es por eso que llevamos este tema hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

, declaró el empresario, a través de su abogado Salvador Padilla, especialista en Derechos Humanos.

Al encontrarse en una investigación en donde no se vislumbra un término definido, se optó por interponer la correspondiente denuncia ante esta instancia internacional para que se pueda hacer algo que la justicia panameña ha omitido concluir.

El abogado subrayó que la Fiscalía y el Ministerio Público violaron la presunción de inocencia de su defendido, el reconocimiento de su personalidad, el principio de legalidad y el goce del derecho de propiedad, basados en una investigación infinita, sin posibilidad de imputación de cargo por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

 

Amparados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos, se denuncia ante esta instancia una serie de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por el Estado de Panamá, en perjuicio irreparable del inversionista mexicano, donde se responsabiliza a los siguientes funcionarios: fiscales Ricuarte González,  Marcos Mosquera de la Guardia e Isis Soto, responsables de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

En un acto inadmisible, desde diciembre del 2019 se le impidió al empresario su ingreso a Panamá, ciudad donde vivía con su familia, antes del inicio de la sistemática violación a sus derechos humanos, sin fundamentación o motivación legal alguna por parte de las autoridades panameñas que se han negado a acreditarle la personalidad jurídica que su país, México, sí le reconoce, pues no existe sentencia que diga lo contrario, lo que ha generado un círculo interminable de ilegalidades, que al no haber un reconocimiento de su personalidad, no existe forma de avanzar en la investigación en Panamá por la presunta comisión de un delito.

Salvador Padilla señaló que se le causó un irreparable daño moral y psicológico al inversionista, abriéndole un expediente con el pretexto inverosímil que mantiene un proceso de investigación por posible delito de lavado de activos en Panamá, lo que a todas luces es una burla, pues en la Constitución de este país, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, se establece y consagra la presunción de inocencia, como pilar fundamental de un Estado de Derecho, pues de lo contrario, cualquiera de los lectores podría sufrir transgresiones a sus derechos humanos por una investigación que cualquiers puede denunciar.

De lo contrario, explica el abogado, habría un absurdo respecto de la calidad legal entre quien es investigado y quien es declarado culpable mediante sentencia, “en el caso en concreto se está llevando a cabo una investigación pueril, con base en una comunicación simple del Principado de Andorra, lo que resulta risible e ilegal, pues si bien el Estado tiene la obligación de investigar la comisión de hechos presumiblemente constitutivos de delitos, no puede en ningún momento, violar la presunción de inocencia que corresponde a todas las personas, pues simple y llanamente, no existe sentencia que señale al acusado como culpable, quien es inocente y debe ser tratado como tal”, enfatizó.

La fuente afirmó que esto fue la causa de la salida del empresario hacia el extranjero , a donde fue a coordinar con sus abogados, contadores y socios, toda la información comercial, financiera y legal de sus negocios dedicados a la creación de software -que por su propia naturaleza, genera ganancias de forma virtual y acreditablemente, cuestión que está amparada con contratos y con facturas debidamente expedidas-, a fin de poder aportarlos oportunamente en el proceso penal llevado por la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada de Panamá.

Derivado de la investigación en Andorra, la Fiscalía Segunda sub Regional de Panamá, inició actos de investigación y aplicó ilegalmente medidas cautelares que dieron como resultado la aprehensión de cuentas bancarias, dinero y empresas. Posteriormente el 6 de noviembre del 2019, la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la Fiscal Isis  Soto Espinoza, decretó la aprehensión de diez vehículos y dos fincas.

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