Moratoria judicial y casos manipulados por la justicia panameña en tiempos de Coronavirus

  • El caso de un empresario mexicano acusado injustamente de lavado de activos, al cual se le aprendieron sus bienes es uno de los cuales se mantienen sin respuesta por parte de las autoridades. Apoderados legales del empresario temen que le quieran “sembrar” algo en los bienes de su cliente para seguir inculpándolo.

 

  • El pasado mes, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada realizó una diligencia de aprehensión y traslado de bienes del empresario mexicano en el sector de Santa María, en Juan Díaz. Abogados dejaron claro que todo se trata de su show mediático.

PANAMÁ. La crisis sanitaria que se vive en el mundo producto a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), también impactará negativamente a la justicia panameña.

Mora judicial, personas detenidas sin procesos abiertos y muchas irregularidades que se prestan para la corrupción de algunos funcionarios que ostentan poder, saldrán a la palestra pública una vez pase la pandemia.

Esta situación afecta a muchas personas inocentes que son acusadas por actos no probados, o mejor dicho no llevados a los tribunales como corresponde para realizar los procesos tal como lo exige la ley.

Tal es el caso de un inversionista mexicano, que en Panamá le fueron aprendidos sus bienes y acusado de lavado de activos sin que se haya aprobado culpabilidad alguna.

Según Jamis Acosta, apoderado legal del empresario, la Procuraduría General de la Nación de Panamá, aprovecha la situación para afectar a su cliente, quien ha invertido sus capitales de manera legítima en este país, ejerciendo acciones de corrupción a través de la Fiscalía para despojarlo de todos sus bienes, y afectando a su familia, empleados y su integridad.

Sobre esta situación, el letrado Jamis Acosta, teme que derivado de estas acusaciones y pruebas falsas, la Fiscalía que lleva su caso, pueda recurrir a malos actos sobre sus bienes aprehendidos.

 

“Quiero prevenir a las autoridades y a los observadores de este proceso, que cualquier anomalía e ilegalidad después de la incautación, es responsabilidad únicamente de las personas que tomaron y resguardaron mis bienes, como la fiscal Isis Soto, que ha manipulado el sistema para lograr retener el patrimonio legítimo”

, advierte en un documento dado a conocer por su defensa.

Acosta, manifiesta su falta de confianza y preocupación hacia el Ministerio Público por las declaraciones falsas que han hecho algunos funcionarios en cuestión ante los medios, como el show mediático realizado en una de sus propiedades, mediante un supuesto operativo de inteligencia, y filtrar información tendenciosa a la prensa de que se trató de un allanamiento, donde hubo personas detenidas y se encontró dinero en efectivo, cuando todo esto es falso.

El equipo de defensa del empresario, teme que le quieran “sembrar” algo en sus propiedades aprehendidas, para poder acusarlo de un delito.

“No puedo pensar otra cosa cuando se ha violado mi presunción de inocencia, lo que recae en una violación al debido proceso”

, puntualiza.

Los abogados recalcan que le están causando un daño irreparable, tanto a su cliente, como a su familia, poniéndolo en un estado de vulnerabilidad, sin recursos e ingresos para sostener a su esposa y dos hijos menores, ya que de manera arbitraria y sin elementos probatorios, aprehendieron sus bienes, congelaron sus cuentas bancarias, así como sus empresas en Panamá, en un tiempo que se padece una pandemia mundial, como el COVID-19.

Sobre este caso que ya ha sido ventilado en los medios de comunicación en Panamá y México, existe un amparo de garantías contra cada una de estas aprehensiones de bienes y de autos, porque no había elementos mínimos para incautar bienes o aplicar medidas cautelares, máxime cuando no hay siquiera un imputado.

Debido a la compleja situación sanitaria del país no se ha podido tener la versión oficial del Ministerio Público.

 

Génesis de una aprehensión ilegal?

El 21 de diciembre en el Aeropuerto de Tocumen fue detenido ilegalmente el empresario mexicano, el cual se reserva su nombre por seguridad. Fue intimidado y humillado por parte de funcionarios de la Fiscalía Segunda, en ese entonces a cargo de Kenia Porcell y el Servicio Nacional de Migración, que premeditadamente violaron todos sus derechos. El empresario ha viajado por diferentes aeropuertos del mundo y nunca dudaron de su identidad, ya que no hay motivo.

Si embargo, en Panamá le prohibieron entrar al país, a pesar que desde el primer día actuó con respeto a sus leyes y reglas, y las autoridades mexicanas emitieron un documento de internación en donde se certifica de nueva cuenta, el que fue arbitrario no permitirle entrar, ya que es la persona que acredita ser en sus respectivos documentos, principalmente su pasaporte.